La regidora Melissa Madero denunció formalmente al presidente municipal Luis Ernesto Munguía González y al regidor Víctor Manuel Bernal Vargas ante autoridades electorales de Jalisco por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género, al acusarlos de encabezar un bloqueo sistemático para impedirle ejercer plenamente el cargo para el que fue electa.

En su denuncia señala la existencia de una estrategia institucional para aislarla, reducir su capacidad de incidencia y neutralizar su presencia dentro del Ayuntamiento mediante la paralización de sus iniciativas, la exclusión de sesiones y actos oficiales, el retiro de su equipo de trabajo y la omisión de medidas de seguridad recomendadas por distintas instancias de gobierno, acciones que afirma, buscan mantener su regiduría sin condiciones reales de operación con el objetivo de silenciar su voz dentro del Cabildo.

La denuncia señala directamente al alcalde como responsable por su control sobre la administración municipal y la seguridad pública, y al regidor Víctor Bernal por su papel en el trámite legislativo de iniciativas, argumentando que ambos, desde sus funciones, han permitido e impulsado decisiones y acciones que derivaron en la paralización actual de propuestas, especialmente en áreas de derechos humanos y en la protección de niñas, niños y adolescentes en el municipio, así como en su exclusión institucional, debilitando la capacidad operativa de su oficina.

Entre los hechos más graves expuestos se encuentra la baja de sus colaboradores, lo que convirtió su regiduría en la única sin personal técnico ni legal de apoyo, situación que hace materialmente imposible elaborar iniciativas, dar seguimiento a acuerdos o atender demandas ciudadanas, constituyendo una obstrucción directa al mandato popular.

Madero también acusa haber sido excluida de eventos, decisiones y actividades relacionadas con la comisión que preside, así como omisiones en materia de seguridad que considera especialmente graves al provenir de autoridades con mando sobre la fuerza pública municipal. En su solicitud pide medidas urgentes para restituir las condiciones de funcionamiento de su regiduría y que se determine si las acciones constituyen violencia política de género, lo que podría derivar en sanciones electorales contra los funcionarios señalados.

En relación con la denuncia, la regidora declaró, “no voy a darles la comodidad de mi silencio, ni a normalizar el abuso de poder, ni mucho menos a someterme a intereses que vayan contra la voluntad de Vallarta. Nadie está por encima de la ley y nadie puede usar las instituciones para intentar callar a una mujer que incomoda al poder. Esta denuncia es para que se haga valer la ley y dejar claro que en Puerto Vallarta la democracia no depende de la voluntad ni de los intereses de nadie, aunque sea presidente o regidor”, afirmó.

Más allá del litigio jurídico, la denuncia plantea un conflicto político de alto impacto dentro del gobierno municipal, al sostener que desde el propio aparato institucional se estaría utilizando el poder público para silenciar y neutralizar a una integrante del Cabildo.

El caso abre un nuevo episodio de confrontación interna en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y podría escalar a tribunales electorales si se acredita la responsabilidad de los acusados.