Enrique Vázquez

El tema del aumento arbitrario al transporte es realmente delicado, es irresponsable tomar sin mediar un buen análisis un partido, ambas partes gozan de una parte de la razón, mayor quizá la parte de razón que tiene el Gobierno del Estado, sin embargo, esta controversia requiere forzosamente un acuerdo como el que parece hoy se alcanzó entre ambas partes, pero sobre todo requiere de un esfuerzo de parte de los transportistas por elevar la calidad del servicio para compensar el aumento, es difícil argumentar la imperiosa necesidad del incremento al costo cuando existen otras opciones que en distintas partes del territorio demuestran que es posible prestar el servicio con mayor eficiencia.

En efecto, por el lado de los transportistas el argumento con el que abanderan su causa es a todas luces cierto, desde hace meses los costos de insumos para el sector del transporte se han incrementado exponencialmente, el diesel, las refacciones mecánicas, las llantas, los servicios, todo ha sufrido un incremento notorio que hasta el momento no ha repercutido en la tarifa final del usuario, esto es cierto, sin embargo, cierto también es, que si bien se redujo el margen de ganancias, no ha dejado de ser un negocio para los permisionarios, siguen generando ingresos, solo dejaron de ser muy atractivos, más aún considerando que las unidades que actualmente circulan se encuentran perfectamente amortizadas por los dueños y hoy por su operación están recibiendo o recibían ganancias, punto donde surge un tema ríspido y es que para poder justificar un aumento es indispensable la modernización y puesta al día de las unidades, es un requisito básico que en nuestra vecina nación de Jalisco, ya se ha discutido hasta el cansancio y las rutas que han hecho su tarea de modernización y capacitación de choferes, hoy cobran una tarifa superior con ciudadanos gustosos de pagar ese extra por una mayor calidad en el servicio.

 

Para el tema de Gobierno del Estado, es claro que no pueden permitir que particulares rompan con el imperio de la ley, si bien un aumento puede discutirse, debe mediar un estudio y sobre todo el análisis y aprobación directa de la autoridad responsable, el transporte es un servicio público subrogado no una empresa particular que puede operar libremente.

 

Finalmente, los únicos afectados o beneficiados reales somos los ciudadanos, que pagaremos más por un buen servicio o pagaremos más por el mismo servicio, en ambos casos la decisión pasa necesariamente por la visoria del estado, que todo parece indicar tomará las acciones necesarias para llevar a buen puerto esta problemática situación.