LA COLUMNA/JULIO CASILLAS BARAJAS

Aunque desde el pasado 5 de febrero el pleno de la Cámara Diputados aprobó la Ley de Disciplina Financiera de los estados y municipios, que busca controlar el endeudamiento público de las entidades, los ajustes a la economía persisten y en el 2017 la osa se pondrá peor.

Recordamos que dicho dictamen fue aprobado con 350 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones, de acuerdo con un comunicado de la Cámara baja. Se pretende  crear un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública y las sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan la normatividad.

Días después, el 17 de febrero, el  Senado aprobó con 89 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones, la minuta de la Cámara de Diputados por la que se reforma y adiciona la Constitución en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, estableciéndose reglas y candados para la autorización de la contratación de deuda, lo que incluye la aprobación del Congreso.

Existe pleno consenso entre la Cámara de Diputados y el Senado, basado en el entendimiento y los acuerdos, para la aprobación de dichas modificaciones, porque se contemplan cuatro grandes elementos significativos: facultades de los Congresos locales para aprobar empréstitos; la fiscalización superior y principio de transparencia y rendición de cuentas, así como nuevas disposiciones para la contratación de deuda por municipios y estados.

QUE GOBIERNOS Y MUNICIPIOS NO SE ENDROGUEN

Destaca la creación de una Comisión Bicamaral, con facultades para analizar la situación de las entidades federativas y municipios que registren un elevado endeudamiento y requieran la garantía federal para contratar empréstitos y emitir la opinión que estimen correspondiente, con respecto al plan de ajuste que plantee el estado al gobierno federal.

Entre los principales ejes de esta reforma destaca la creación de candados para impedir actos de corrupción o desvío de recursos, como el que los Congresos locales puedan aprobar sólo con mayoría calificada –dos terceras partes de los legisladores presentes– la contratación de nuevos créditos; se obliga que la reestructuración y reingeniería de deuda se pueda realizar en lo local, sólo si se consideran condiciones de mercado; además, se precisa un proceso por el cual el Ejecutivo federal podrá celebrar empréstitos en favor de las entidades federativas.

En las modificaciones también se incluyen las facultades del Congreso en materia de deuda pública para celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación; aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos; analizar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados; y expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria, que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la federación, estados, municipios y el Distrito Federal.

Se establece que estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión.

De igual forma, se amplían facultades de la Auditoría Superior de la Federación y dependencias de fiscalización estatales para los casos en que estados y municipios cuenten con la garantía de la Federación, se revise el destino y ejercicio de los recursos correspondientes; se estipula que los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos nuevos y los contratos de refinanciamiento o reestructura deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado.

EL PUEBLO NOMÁS VIENDO

Para 2017 será necesario otro ajuste al gasto público de 175 mil millones de pesos, anticipó la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los Pre-Criterios de Política Económica para el próximo año que entregó hoy al Congreso de la Unión en  el cual no se contempla el remanente del Banco de México.

Por otra parte, Hacienda está proyectando un precio del petróleo de la mezcla mexicana en 35 dólares por barril, con un crecimiento de la economía entre 2.6 y 3.6% y un tipo de cambio al cierre del año de 17 pesos por dólar. Además un déficit en cuenta corriente de 2.9% del producto interno bruto (PIB).

Con respecto a las estimaciones de finanzas públicas, se proyectan los ingresos para 2017 utilizando supuestos realistas y responsables. En particular, se utiliza un precio del petróleo de 35 dólares por barril y una plataforma de producción de petróleo de 2 millones 28 mil barriles diarios, lo que implica disminuciones de 19 dólares y 222 millones de barriles diarios con respeto a lo proyectado en los Criterios Generales de Política Económica de 2016 y es consistente con las estimaciones de Pemex y el ajuste de gasto permanente de 100 mil millones de pesos por parte de la empresa”, se explica en el documento.

VEREMOS Y DIREMOS.